La nueva reforma laboral deroga muchos de los aspectos de la anterior reforma del PP de 2012. Es una reforma que gana derechos para los trabajadores pero en nuestra opinión es muy decepcionante porque no se modifican algunos de los aspectos más dañinos de la anterior. Además, si bien es cierto que ha contado con el apoyo de la principal patronal, CEOE y los principales sindicatos estatales, UGT y CCOO, no es menos cierto que no ha tenido en cuenta a muchos otros colectivos y fuerzas sindicales. De modo que lo que se ha vendido como un gran consenso de la sociedad, realmente se ha pactado entre unas pocas personas. También hay que decir que esto ya supone mayor consenso que la anterior reforma, la cual fue impuesta por el partido en el gobierno.
Una de las principales características es que el contrato indefinido es la norma general. Sólo habrá dos excepciones en las que se puedan formalizar contratos temporales: los estructurales (por circunstancias de la producción o por sustitución de trabajadores) y los formativos (para la obtención de las prácticas profesionales o de formación en alternancia). Además, desaparece el contrato de obra y servicio.
Sin embargo, estas medidas contra la precariedad son insuficientes debido a que el coste del despido sigue siendo igual de bajo que en la reforma del PP y no se han recuperado las indemnizaciones anteriores. Además los salarios de tramitación siguen siendo gratis para el empresario cuando debe readmitir al trabajador.
Un despido caro es la mejor garantía de estabilidad laboral. Unas condiciones de despido caras son garantía de estabilidad laboral. Y con las condiciones actuales, el despido le sale casi gratis al empresario.
Con la nueva reforma laboral, es cierto que se reducirán notablemente los contratos eventuales, pero es probable que se dispare el número de contratos fijos discontinuos.
Una de las novedades es que ahora las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) podrán hacer contratos fijos discontinuos (en lugar de contratos eventuales) para ceder a las empresas donde los trabajadores prestarán sus servicios. Sin embargo, lo deseable no es esto, sino acabar con los intermediarios (ETT) y que sean las empresas quienes contraten directamente. Y darle verdadera utilidad a los servicios públicos de empleo como agencias de colocación aprovechando que disponen de la mejor base de datos de trabajadores.
Esta reforma cumple con las exigencias de la Unión Europea para obtener el siguiente pago de los fondos de recuperación y, de algún modo, con el acuerdo de gobierno de PSOE y UP. Reconocemos que era complicado arrancar una reforma más ambiciosa teniendo en cuenta el bajo peso relativo del sector más progresista (UP) dentro de la coalición de gobierno y las presiones desde los grandes poderes sobre el principal partido (PSOE). En cualquier caso, con lo que no cumple es con las expectativas generadas y constituye una oportunidad perdida para despegar en materia de derechos laborales y romper con los postulados neoliberales que nos habían abocado a la precariedad. Esperemos que este sea solamente un primer paso para llevar a cabo cambios más profundos en materia de mercado laboral y derechos laborales.
Por el momento, todo lo que nos queda es seguir presionando y luchando para que se oiga nuestra voz. Y lo que tenemos que comprender es que debemos movilizarnos, informarnos, tomar conciencia y actuar para conquistar nuestros derechos.
